Se llama Cristian, tiene 5 años, padece TEA (Trastorno del Espectro Autista) y tiene, entre otros muchos, un derecho fundamental: el de «permanecer escolarizado en su centro ordinario con los apoyos especializados que necesite». Así lo asegura la sentencia del juzgado de la contencioso administrativo número 2 de València que anula la resolución de la Consellería de Educación de escolarizar a Cristina en un Centro de Educación Especial (CEE) a casi 30 kilómetros de su domicilio.
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