Inclusión por derecho

Desde que la ONU proclamara en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce a la educación como un derecho fundamental de todas las personas sin excepción.

Desde entonces, diversos foros internacionales han venido a complementar y perfeccionar aquella primera Declaración:

  • 1960 Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
  • 1989 La Declaración de los Derechos del Niño reconoce además el derecho de todos los niños a recibir una educación sin discriminación por motivo alguno.
  • 1990 La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien) refuerza la idea de una educación básica para todos, que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje.
  • 1993 Las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas establecen no sólo la igualdad del derecho a la educación para todos los niños, jóvenes y adultos discapacitados, sino que declaran además que la educación debería impartirse en “entornos integrados” y en el “marco de las estructuras comunes de educación”.
  • 1994 La Declaración de Salamanca y el marco de acción para las necesidades educativas especiales estipulan (párrafo 3) que “las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados”.
  • 2000 El Marco de Acción del Foro Mundial sobre la Educación (Dakar) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio exigen que todos los niños tengan acceso a una educación primaria obligatoria y gratuita de aquí al año 2015; asimismo, se hace hincapié en los grupos marginados y las niñas.
  • 2001 La UNESCO inicia un Programa emblemático de la Educación Para Todos sobre el derecho a la educación de personas con discapacidades: Hacia la Inclusión.
  • 2006 El 13 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 24 se dedica especialmente a la educación. La gran aportación de esta última Convención (suscrita y ratificada por España junto a su Protocolo Facultativo, y por tanto parte del ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008, e invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas) es identificar de forma expresa e inequívoca el derecho a la educación con el derecho a la educación inclusiva.

Sin embargo, en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que indica los cambios legislativos a los que obliga la Convención, no se hace mención alguna a la educación. Y eso a pesar de que en Preámbulo, la citada Ley expresa que “se pasa así a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social».

En este sentido, la Convención, situando de modo integral a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, establece que sus demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos. Y, tomando en consideración la perspectiva de las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional de una importante parte de la población mundial, que se estima en 650 millones de personas, un diez por ciento de los seres humanos, se pretende adicionalmente incorporar a la sociedad su talento y sus valores.

Para ello se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual –incluida la libertad para tomar las propias decisiones–, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana”.

Mientras se afirma lo anterior, se sigue manteniendo en España un sistema educativo segregador y excluyente, en el que los padres tienen poco que decir, y los niños nada en absoluto:

“De conformidad con su jurisprudencia y su observación general núm. 4 (2016), el Comité recuerda que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad. El sistema de educación inclusiva debe proveer la educación a todos los estudiantes y estar basado en una educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera. Para lograr de manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonables.”

(Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 4 de junio de 2017).